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Cali Distrito Especial: políticas públicas, ordenamiento territorial y descentralización

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Ante la transición de Santiago de Cali a Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios en agosto de 2018, a través de la Ley 1933, surgen oportunidades y retos para la ciudad y su administración en términos del fortalecimiento i...

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Ante la transición de Santiago de Cali a Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios en agosto de 2018, a través de la Ley 1933, surgen oportunidades y retos para la ciudad y su administración en términos del fortalecimiento institucional en el territorio, el desarrollo de nuevas funciones para niveles locales de gobierno, el enfoque mismo de las problemáticas que entrarían a ser parte del campo de acción del Alcalde Mayor y la relación del Distrito frente al Gobierno nacional en torno a las temáticas que impulsarán la transformación a su nueva condición. Al reconocerse la dimensión de los impactos que estos cambios tendrán sobre la forma de gestionar y administrar el territorio, el acontecer de las instituciones y su relación con la ciudadanía, actores públicos, privados y de la academia adelantaron acciones para generar aportes al proceso desde su experticia y capacidad de acción. De esta forma, con el fin de generar información e involucramiento por parte del sector privado, ProPacífico generó, a través de un Foro, espacios para la socialización de información respecto a las condiciones en las cuales el Distrito recibía la tarea de adelantar su transición y las potencialidades que derivarían de concretar el proceso, entre otros. Por su parte, la Alianza de Universidades presentó la iniciativa de generar insumos desde un enfoque más técnico de las implicaciones políticas, sociales y económicas de la nueva categoría de Santiago de Cali, lo cual se presentaría, posteriormente, por medio de una propuesta de delimitación de las localidades. Finalmente, la administración gestionaría la contratación de un equipo especializado dedicado a impulsar el efectivo desarrollo del proceso desde el sector público.