Derecho a la democracia

El derecho a la democracia se ha configurado, además de como el derecho político tradicional de carácter individual de los ciudadanos de los Estados constitucionales de derecho del Continente, a ejercer su derecho al voto y a ser electo, como un derecho de carácter colectivo de los pueblos a la democracia representativa, que se deriva de las previsiones en el ámbito internacional de la Carta de la Organización de Estados Americanos, de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la Carta Democrática Interamericana. Es decir, en el Estado constitucional democrático de derecho contemporáneo, los ciudadanos, además de los clásicos derechos políticos, declarados en sus Constituciones (derecho al sufragio, derecho al ejercicio de funciones públicas, derecho de asociarse en partidos políticos, derecho a la manifestación política y más recientemente, derecho a la participación política), tienen un conjunto de derechos que derivan de la propia concepción de dicho Estado como "Estado de derecho". Entre otros, el derecho ciudadano a la Constitución y a su supremacía, el derecho a la separación de poderes, el derecho a la existencia de un poder judicial autónomo e independiente, y el propio derecho a la democracia representativa, como derecho político ciudadano a la existencia de un régimen político.