Responsabilidad fiscal

La responsabilidad fiscal en la última década ha venidoadquiriendo una significativa entidad y posicionamiento en nuestroordenamiento, independientemente que el proceso se adelante a través de laritualidad Ordinaria establecida en la Ley 610 de 2000 o Verbal al tenor de laLey 1474 de 2011. Los resultados del proceso de responsabilidad fiscal, encualquiera de estas dos modalidades procedimentales, tiene vocación de producirefectos colaterales en acciones disciplinarias, penales e incluso dar lugar ala extinción del derecho de dominio de bienes adquiridos en perjuicio deltesoro público.Dentro de este contexto, por mandato constitucional, elContralor General de la República y los contralores territoriales tienen lafacultad de promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebasrespectivas, investigaciones fiscales, penales disciplinarias contra quienespresuntamente hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estadoe incluso podrá exigir bajo su responsabilidad, verdad sabida y buena feguardada, la suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las investigacioneso los respectivos procesos fiscales, penales o disciplinarios. Sin soslayar quela Carta Política tiene previsto igualmente que los resultados de losejercicios de vigilancia y control fiscal, así como de las indagacionespreliminares o los procesos de responsabilidad fiscal adelantados por lascontralorías tendrán valor probatorio ante la Fiscalía General de la Nación yel juez competente.Así las cosas, en esta segunda edición, actualizada con elActo Legislativo No. 4 de 2019, nos hemos ocupado tanto del Proceso deResponsabilidad Fiscal en sus dos modalidades procedimentales, como del estudiodogmático de algunos delitos previstos en el Código Penal que guardan relacióncon la responsabilidad fiscal (Peculado, Celebración Indebida de Contratos,Enriquecimiento Ilícito) y de la acción de extinción del derecho de dominio queigualmente puede conllevar, todo ello con su respectivo sustento normativo y eldesarrollo jurisprudencial y doctrinario de la Corte Constitucional, delConsejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, orientados, en todo caso,a una mayor comprensión de esta especie de responsabilidad, de su trámite y delas consecuencias económicas y punitivas que de ella pueden derivar,independientemente de la inhabilidad o incompatibilidad que simultáneamentepuede generar para actuales y futuras relaciones laborales y/o contractualescon entidades del Estado.