Derecho de tránsito

El derecho de tránsito, lejos de lo que fue en sus orígenes -un conjunto de reglas mínimas para el uso de la calzada-, por imperio de la gravedad de la situación que existe en nuestro país se ha convertido en un conjunto de normas destinadas a proteger la vida humana. De aquellas pocas reglas para conducir que daban seguridades y certezas, se ha pasado a la incertidumbre y al más absoluto desprecio por la vida propia y la de los semejantes. Lamentablemente, y la crónica diaria lo demuestra, las cuestiones relacionadas con el tránsito no se agotan en el estudio de una normativa general, las infracciones en particular y los medios de control, sino que además tienen un capítulo negro referido a la accidentología, lo que lleva inevitablemente a referirse a las muertes. En suma, el bien actual jurídicamente tutelado es el derecho a la vida, pasando el derecho constitucional a transitar a un segundo lugar, en función de la importancia de aquél.De aquellas pocas reglas para conducir que daban seguridades y certezas, se ha pasado a la incertidumbre y al más absoluto desprecio por la vida propia y la de los semejantes. Lamentablemente, y la crónica diaria lo demuestra, las cuestiones relacionadas con el tránsito no se agotan en el estudio de una normativa general, las infracciones en particular y los medios de control, sino que además tienen un capítulo negro referido a la accidentología, lo que lleva inevitablemente a referirse a las muertes. En suma, el bien actual jurídicamente tutelado es el derecho a la vida, pasando el derecho constitucional a transitar a un segundo lugar, en función de la importancia de aquél.Lamentablemente, y la crónica diaria lo demuestra, las cuestiones relacionadas con el tránsito no se agotan en el estudio de una normativa general, las infracciones en particular y los medios de control, sino que además tienen un capítulo negro referido a la accidentología, lo que lleva inevitablemente a referirse a las muertes. En suma, el bien actual jurídicamente tutelado es el derecho a la vida, pasando el derecho constitucional a transitar a un segundo lugar, en función de la importancia de aquél.En suma, el bien actual jurídicamente tutelado es el derecho a la vida, pasando el derecho constitucional a transitar a un segundo lugar, en función de la importancia de aquél.